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Ley de Deslinde Jurisdiccional
Ley 073 (29-Diciembre-2010)
(Vigente) Artículo 1.
Objecto.
La presente Ley tiene por objeto regular los ámbitos de vigencia,
dispuestos en la Constitución Política del Estado, entre la
jurisdicción indígena originaria campesina y las otras
jurisdicciones reconocidas constitucionalmente; y determinar los
mecanismos de coordinación y cooperación entre estas jurisdicciones,
en el marco del pluralismo jurídico.
Artículo 2. Marco Constitucional.
I. Dada la existencia pre colonial de las naciones y pueblos
indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus
territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la
unidad del listado, que consiste en su derecho a la autonomía, al
autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y
a la consolidación de sus entidades territoriales.
II. La presente Ley se fundamenta en la Constitución Política del
Estado, la Ley Nº 1257 que ratifica el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo, la Ley Nº 3897 de 26 de
junio de 2008, que eleva a rango de Ley la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y demás
instrumentos internacionales de Derechos Humanos aplicables.
Artículo 3.
Igualdad Jerárquica.
La función judicial es única. La jurisdicción indígena originaria
campesina goza de igual jerarquía que la jurisdicción ordinaria, la
jurisdicción agroambiental y otras jurisdicciones legalmente
reconocidas.
Artículo 4.
Principios.
Los principios que rigen la presente Ley son:
a) Respeto a la unidad e integridad del Estado Plurinacional. El ejercicio de las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas, en
el marco del pluralismo jurídico, tiene la finalidad de preservar la
unidad y la integridad territorial del Estado Plurinacional;
b) Relación espiritual entre las naciones y pueblos indígena
originario campesinos y la Madre Tierra. Las naciones y pueblos
indígena originario campesinos tienen derecho a mantener y
fortalecer su propia relación espiritual con sus tierras y
territorios que tradicionalmente han poseído, ocupado, o utilizado y
asumen las responsabilidades para con las generaciones venideras.
En el marco de sus cosmovisiones, las naciones y pueblos indígena
originario campesinos mantienen una relación armoniosa, de
complementariedad y respeto con la Madre Tierra;
c) Diversidad cultural. La diversidad cultural constituye la base
esencial del Estado Plurinacional Comunitario. Todas las
jurisdicciones constitucionalmente reconocidas deben respetar las
diferentes identidades culturales;
d) Interpretación intercultural. Al momento de administrar e
impartir justicia, las autoridades de las distintas jurisdicciones
reconocidas constitucionalmente deben tomar en cuenta tas diferentes
identidades culturales del Estado Plurinacional;
e) Pluralismo jurídico con igualdad jerárquica. Se respeta y
garantiza la coexistencia, convivencia e independencia de los
diferentes sistemas jurídicos, dentro del Estado Plurinacional, en
igualdad de jerarquía;
f) Complementariedad. Implica la, concurrencia de esfuerzos e
iniciativas de todas las jurisdicciones reconocidas
constitucionalmente;
g) Independencia. Ninguna autoridad de una jurisdicción podrá tener
injerencia sobre otra;
h) Equidad e igualdad de género. Todas las jurisdicciones
reconocidas constitucionalmente, respetan, promueven, protegen y
garantizan la igualdad entre hombres y mujeres, en el acceso a la
justicia, el acceso a cargos o funciones, en la torna de decisiones,
en el desarrollo del procedimiento de juzgamiento y la aplicación de
sanciones;
i) Igualdad de oportunidades. Todas las jurisdicciones garantizan
que las niñas, niños y adolescentes, jóvenes, adultos-mayores y
personas en situación de discapacidad, tengan las mismas
posibilidades de acceder al ejercicio de sus derechos sociales,
económicos, civiles y políticos.
Artículo 5.
Respecto a los Derechos Fundamentales y Garantías
Constitucionales.
I. Todas las jurisdicciones reconocidas constitucionalmente,
respetan promueven y garantizan el derecho a la vida, y los demás
derechos y garantías reconocidos por la Constitución Política del
Estado.
II. Todas las jurisdicciones reconocidas constitucionalmente
respetan y garantizan el ejercicio de los derechos de las mujeres,
su participación, decisión, presencia y permanencia, tanto en el
acceso igualitario y justo a los cargos como en el control, decisión
y participación en la administración de justicia.
III. Las autoridades de la jurisdicción indígena originaria
campesina no sancionarán con la pérdida de tierras o la expulsión a
las y los adultos mayores o personas en situación de discapacidad,
por causa de incumplimiento de deberes comunales, cargos, aportes y
trabajos comunales.
IV. Todas las jurisdicciones reconocidas constitucionalmente,
prohíben y sancionan toda forma de violencia contra niñas, niños,
adolescentes y mujeres. Es ilegal cualquier conciliación respecto de
este tema.
V. El linchamiento es una violación a los Derechos Humanos, no está
permitido en ninguna jurisdicción y debe ser prevenido y sancionado
por el Estado Plurinacional.
Artículo 7. Juridicción
Indígena
Originaria Campesina.
Es la potestad que tienen las naciones y pueblos indígena originario
campesinos de administrar justicia de acuerdo a su sistema de
justicia propio y se ejerce por medio de sus autoridades, en el
marco de lo establecido en la Constitución Política del Estado y la
presente Ley.
Artículo 8.
Ámbito de Vigencia.
La jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce en los
ámbitos de vigencia personal, material y territorial, cuando
concurran simultáneamente.
Artículo 9.
Ámbito de Vigencia Personal.
Están sujetos a la jurisdicción indígena originaria campesina los
miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario
campesino.
Artículo 10.
Ámbito de Vigencia Material.
I. La jurisdicción indígena originaria campesina conoce los asuntos
o conflictos que histórica y tradicionalmente conocieron bajo sus
normas, procedimientos propios vigentes y saberes, de acuerdo a su
libre determinación. II. El ámbito de vigencia material de la jurisdicción indígena
originaria campesina no alcanza a las siguientes materias:
a) En materia penal, los delitos contra el Derecho Internacional,
los delitos por crímenes de lesa humanidad, los delitos contra la
seguridad interna y externa del Estado, los delitos de terrorismo,
los delitos tributarios y aduaneros, los delitos por corrupción o
cualquier otro delito cuya víctima sea el Estado, trata y tráfico de
personas, tráfico de armas y delitos de narcotráfico. Los delitos
cometidos en contra de la integridad corporal de niños, niñas y
adolescentes, los delitos de violación, asesinato u homicidio;
b) En materia civil, cualquier proceso en el cual sea parte o
tercero interesado el Estado, a través de su administración central,
descentralizada, desconcentrada, autonómica y lo relacionado al
derecho propietario;
c) Derecho Laboral, Derecho de la Seguridad Social, Derecho
Tributario, Derecho Administrativo, Derecho Minero, Derecho de
Hidrocarburos, Derecho Forestal, Derecho Informático, Derecho
Internacional público y privado, y Derecho Agrario, excepto la
distribución interna de tierras en las comunidades que tengan
posesión legal o derecho propietario colectivo sobre las mismas;
d) Otras que estén reservadas por la Constitución Política del
Estado y la Ley a las jurisdicciones ordinaria, agroambiental y
otras reconocidas legalmente.
III. Los asuntos de conocimiento de la jurisdicción indígena
originaria campesina, no podrán ser de conocimiento de la
jurisdicción ordinaria, la agroambiental y las demás jurisdicciones
legalmente reconocidas.
Artículo 11. Ámbito de Vigencia Territorial.
El ámbito de vigencia territorial se aplica a las relaciones y
hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro
de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino,
siempre y cuando concurran los otros ámbitos de vigencia
establecidos en la Constitución Política del Estado y en la presente
Ley.
Artículo 12.
Obligatoriedad.
I. Las decisiones de las autoridades de la jurisdicción indígena
originaria campesina son de cumplimiento obligatorio y serán
acatadas por todas las personas y autoridades.
II. Las decisiones de las autoridades de la jurisdicción indígena
originaria campesina son irrevisables por la jurisdicción ordinaria,
la agroambiental y las otras legalmente reconocidas.
Disposición
Final.
Única.
La presente Ley se traducirá, publicará y difundirá en todos los
idiomas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos del
Estado Plurinacional de Bolivia. |
Loi de délimitation
juridictionnelle
Loi no 073 du 29 décembre 2010
(En vigueur)
Article 1er
Objet.
La présente loi a pour objet de réglementer les champs de validité prévus dans la
Constitution politique de l'État, entre la juridiction indigène
d'origine paysanne
et les autres juridictions reconnues constitutionnellement; et de
déterminer les mécanismes de coordination et de coopération entre
ces juridictions, dans le cadre du pluralisme juridique.
Article 2
Cadre
constitutionnel
I. Compte tenu de l'existence précoloniale des nations et des
peuples indigènes d'origine paysanne et de leur autorité ancestrale sur leurs
territoires, l'autodétermination est garantie dans le cadre de l'unité du
listage, qui consiste au droit à l'autonomie, à l'autogouvernance, à
leur culture, la reconnaissance de leurs institutions et la
consolidation de leurs entités territoriales.
II. La présente loi est fondée sur la Constitution politique
de l'État, la loi no
1257 ratifiant la Convention 169 de l'Organisation internationale du
travail, la loi no 3897 du 26 Juin 2008 élevant au titre de loi la
Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples
autochtones et d'autres instruments internationaux applicables aux droits
de l'Homme.
Article 3
Égalité hiérarchique
La fonction judiciaire est unique. La juridiction indigène d'origine paysanne
bénéficie du même rang que les tribunaux ordinaires, la juridiction
agro-environnementale et les autres juridictions sont légalement reconnues.
Article 4
Principes
Les principes de présente loi
sont les suivants:
a) Respect de l'unité et de l'intégrité de l'État plurinational. L'exercice des compétences
constitutionnellement reconnues dans le
contexte du pluralisme juridique est destinée à préserver l'unité
et l'intégrité territoriale de l'État plurinational;
b) Relation spirituelle entre les nations et les peuples
indigènes d'origine paysanne et la Mère-Terre. Les nations et
les peuples indigènes d'origine paysanne ont le droit de maintenir et de renforcer leurs
propres liens spirituels avec leurs terres et territoires traditionnellement
possédés, occupés ou utilisés et d'assumer leurs responsabilités envers
les générations futures.
Dans le cadre de leurs visions du monde, les nations et les peuples
indigènes d'origine paysanne doivent maintenir une relation d'harmonie,
de
complémentarité et de respect pour la Mère-Terre;
c) Diversité culturelle. La diversité culturelle est la
pierre angulaire de l'État plurinational communautaire. Toutes les
juridictions constitutionnellement reconnues doivent respecter les
différentes identités culturelles;
d) Interprétation interculturelle. Au moment d'administrer et
de rendre la justice, les autorités dans les différentes
juridictions constitutionnellement reconnues doivent prendre en compte
ces identités différences culturelles de l'État plurinational;
e) Pluralisme juridique avec l'égalité hiérarchique. La coexistence,
la cohabitation et l'indépendance des différents systèmes juridiques
sont garanties avec rang égal au sein de l'État plurinational
f) Complémentarité. Elle implique des efforts de concurrence
et d'initiatives dans toutes les juridictions constitutionnellement reconnues;
g) Indépendance. Aucune autorité d'une juridiction ne peut
avoir d'ingérence sur une autre;
h) Égalité et équité des sexes. Toutes les
administrations constitutionnellement reconnues sont tenues de respecter,
de
promouvoir, de protéger et de garantir l'égalité entre les hommes et
les femmes pour
l'accès à la justice et l'accès à des postes ou à des fonctions en
cours de
décision, dans le développement de la procédure de jugement et
dans l'application des sanctions;
i) Égalité des chances. Toutes les juridictions doivent s'assurer
que les enfants et les adolescents, les jeunes, les adultes, les aînés et
les personnes handicapées aient les mêmes possibilités d'accès à l'exercice de
leurs droits sociaux, économiques, civils et politiques.
Article 5
Respect des droits fondamentaux et des garanties
constitutionnelles
I. Toutes les juridictions reconnues constitutionnellement
sont tenues de
promouvoir et de garantir le respect du droit à la vie ainsi que d'autres
droits et garanties reconnus par la Constitution politique de l'État.
II. Toutes les juridictions reconnues constitutionnellement
sont tenues de respecter
et de garantir l'exercice des droits des femmes, leur participation,
leurs décisions, leur présence et leur permanence tant dans l'accès égal
et équitable aux griefs que dans le contrôle, les décisions et la
participation à l'administration de la justice.
III. Les autorités de juridiction indigène d'origine paysanne
ne peuvent autoriser la perte des terres ni l'expulsion des aînés ou
des personnes handicapées, en raison de la
violation des droits communautaires, des redevances, des contributions et
travaux communautaires.
IV. Toutes les juridictions reconnues constitutionnellement
sont tenues d'interdire et de sanctionner toute forme de violence contre les enfants,
les adolescents et les femmes. Toute
conciliation sur cette question est illégale.
V. Le lynchage constitue une violation des droits de l'Homme;
il n'est autorisé
dans aucune juridiction et il doit être empêché et sanctionné par l'État
plurinational.
Article 7
Juridiction indigène d'origine
paysanne
Il relève du pouvoir
des nations et des peuples indigènes d'origine
paysanne d'administrer la justice en fonction de leur propre système de
justice, lequel est exercé par leurs autorités en vertu des dispositions de
la Constitution politique de l'État et de la présente loi.
Article 8
Domaines d'usage
La juridiction indigène d'origine paysanne s'exerce dans les domaines d'usage
personnel, matériel et territorial, là où ils apparaissent
simultanément.
Article 9
Domaine
d'usage personnel
Sont soumis à la
juridiction indigène d'origine paysanne les membres de la nation ou
du peuple respectif d'origine paysanne.
Article 10
Domaine
d'usage matériel
I. La
juridiction indigène d'origine paysanne comprend des sujets ou des conflits qui, historiquement et traditionnellement,
sont reconnus en fonction de leurs
règles, leurs procédures et leurs savoirs propres, conformément
à l'autodétermination.
II. Le domaine d'usage matériel de la juridiction indigène
d'origine paysanne ne s'applique pas aux matières suivantes:
a) Dans les affaires pénales, les crimes contre le droit
international, les crimes contre l'humanité, les crimes
contre la sécurité intérieure et extérieure de l'État, les crimes
liés au
terrorisme, les infractions fiscales et douanières, les crimes liés
à la
corruption ou à tout autre crime dont la victime est l'État, les
crimes liés au
trafic et à la contrebande, au trafic d'armes et de stupéfiants.
Également, les
crimes commis contre l'intégrité physique des enfants et des
adolescents, les crimes liés au viol, à l'assassinat ou à l'homicide;
b) En matière civile, tout processus dans lequel une partie ou un
tiers concernant l'État, par l'intermédiaire de son administration centrale,
décentralisée, déconcentrée, autonome et relié au droit de
propriété;
c) Le droit du travail,
le droit de la sécurité sociale, le droit fiscal, le droit
administratif, le droit minier, le droit pétrolier, le droit
forestier, le droit informatique, le droit international public et privé,
et le droit agraire, à l'exception de la répartition
interne des terres dans les collectivités qui détiennent une propriété légale ou
un droit de propriété collective sur celles-ci;
d) D'autres domaines que ceux réservés par la Constitution politique
de l'État et la loi
devant les tribunaux ordinaires, agro-environnementaux et ceux
reconnus légalement.
III. Les matières reconnues de la juridiction indigène
d'origine paysanne ne peuvent pas être celles des tribunaux ordinaires,
des tribunaux agro-environnementaux et d'autres légalement
reconnus.
Article 11
Domaine
d'usage territorial
La portée d'usage territorial s'applique aux relations et
aux faits juridiques qui se réalisent ou dont les effets se font sentir
dans le cadre de la juridiction d'un peuple indigène d'origine
paysanne, à la condition
que surviennent d'autres domaines d'usage prévus dans la
Constitution politique de l'État et de la présente loi.
Article 12
Caractère
obligatoire
I. Les décisions des autorités de juridiction indigène d'origine paysanne
sont exécutoires et lient toutes les personnes et
autorités.
II. Les décisions des autorités de
juridiction indigène d'origine rurale ne sont pas sujettes à
révision par les tribunaux ordinaires, les tribunaux
agro-environnementaux et les autres tribunaux légalement reconnus.
Disposition finale
Disposition unique
La présente loi doit être traduite, publiée et diffusée dans toutes les langues
des nations et des peuples indigènes d'origine paysanne de l'État
plurinational de Bolivie. |
